FIFA y la investigación que podría hacerle a Sporting Cristal

Sporting Cristal marcha tercero en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 30 unidades, a dos de los líderes, Universitario y Melgar. Es así como, si bien aún los ‘rimenses’ tiene chances de campeonar, ya no dependen de sí mismos para alzar el título. Por otra parte, ya en el plano de institución, el elenco cervecero podría ser investigado por la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA).  

¿A qué se debe? Según la cuenta de ‘X’, ‘FIFA Media’, el Reglamento de Agentes de Fútbol de la FIFA entrará plenamente en vigor a partir del 1 de octubre. Esto incluye el uso obligatorio de agentes autorizados y un límite en las tarifas de servicio. “A partir del 1 de octubre, la FIFA hará cumplir la plena implementación de la FFAR (Reglamento de Agentes de Fútbol de la FIFA), incluido el uso obligatorio de agentes de fútbol con licencia, el límite de las tarifas de servicio y nuevas disposiciones para garantizar la protección de los menores”, emitió la FIFA en su página web. 

En los comentarios de esta publicación, una persona identificada como Edwin Del Águila precisó lo siguiente: “En Perú existe un casó, Innova Sport es dueño de Sporting Cristal y de la agencia de jugadores AGREF. Revisen ese caso porque están llenando al club de sus jugadores representados por dicha agencia”. 

¿Qué jugadores de Sporting Cristal están en AGREF? 

Los jugadores que pertenecen a esta agencia de futbolistas son: Gianfranco Chávez, Martín Távara, Diego Otoya, Adrián Ugarriza, Leonardo Díaz, entre otros. Recordemos que esta agencia no solo representa a jugadores de Sporting Cristal, sino también representa a jugadores de otros clubes de la Liga 1. Si bien no hay nada de irregularidades en esta agencia, la FIFA es un ente por la que no se le escapa nada. Como se conoce, los dueños de Sporting Cristal, liderado por el presidente Joel Raffo, representan a la entidad Innova Sports, quienes también tienen a cargo de la agencia de jugadores AGREF. Este nuevo reglamento obliga a que los directivos expliquen claramente que no existe un conflicto de intereses, con el fin de que los cargos se mantengan y el proyecta se sostenga como lo ha ido promoviendo Joel Raffo.